El Derecho de Familia suele asociarse a conflictos humanos muy concretos: divorcios, hijos, pensiones de alimentos, custodias, viviendas familiares o relaciones entre progenitores.
Pero detrás de esas situaciones personales existe, muchas veces, una arquitectura jurídica compleja. Y esa complejidad aumenta de forma considerable cuando el asunto tiene elementos internacionales.
✔️Un cónyuge vive en España y el otro en Japón.
✔️Uno de los progenitores reside en Reino Unido.
✔️Los hijos están en otro país.
✔️Hay distintas nacionalidades.
✔️Existe un procedimiento abierto en el extranjero.
✔️O se pretende que una resolución española pueda producir efectos fuera de España.
En esos casos, el Derecho de Familia deja de ser únicamente una cuestión de Código Civil o de Ley de Enjuiciamiento Civil. Entra en juego el Derecho Internacional Privado, los Reglamentos europeos, los convenios internacionales y, solo cuando corresponde, la normativa interna española.
Y aquí es donde la especialización deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad.
No basta con saber Derecho de Familia: hay que saber qué norma se aplica primero
Una de las cuestiones más delicadas en los procedimientos de familia internacional es determinar qué tribunales son competentes.
Parece una pregunta sencilla: ¿pueden conocer del asunto los tribunales españoles?
Pero la respuesta no lo es.
La respuesta no está siempre en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En materia internacional, el sistema de fuentes exige comprobar:
1) en primer lugar, si existe un Reglamento de la Unión Europea aplicable.
2) Después, si hay un convenio internacional relevante.
3) Y solo en defecto de estas normas, o cuando ellas mismas remiten al derecho interno, procede acudir a la normativa española.
Este orden no es una cuestión académica. Puede decidir si un procedimiento sigue adelante en España o si se archiva. Puede afectar a la estrategia procesal, a los tiempos, a los recursos y a la posibilidad de ejecutar una resolución en otro país.
Un ejemplo reciente: España, Japón y la competencia internacional
La Revista de la Asociación Española de Abogados de Familia ha publicado recientemente un artículo jurídico muy interesante sobre el sistema de fuentes en Derecho Internacional Privado en materia de competencia internacional.
En él se analiza una resolución de la Audiencia Provincial de Valladolid, el Auto n.º 07/2026, de 13 de enero, dictado en un asunto de divorcio con medidas de responsabilidad parental y alimentos. El caso tenía un claro componente internacional: un esposo español residente en España y una esposa japonesa residente en Japón, donde también se encontraba el hijo común.
La resolución finalmente declaró la competencia de los tribunales españoles. Pero lo jurídicamente relevante no era solo el resultado, sino el camino utilizado para llegar a él.
El comentario doctrinal destacaba que, en un asunto de estas características, la competencia para el divorcio no debía fundarse directamente en la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), sino en el Reglamento UE/2019/1111. Es decir, la norma europea era la que debía analizarse en primer lugar.
Este matiz es esencial.
Cuando existe un Reglamento europeo aplicable, no podemos saltar directamente a la norma interna española solo porque el otro país implicado no pertenezca a la Unión Europea. Esa es precisamente una de las confusiones más frecuentes en la práctica.
Que el otro país no sea de la UE no significa que el Reglamento europeo no importe
Este punto es especialmente importante para familias internacionales.
A veces se piensa que, si el otro Estado implicado es Japón, Estados Unidos, Reino Unido tras el Brexit o cualquier otro tercer Estado, entonces los Reglamentos europeos dejan de ser relevantes.
Pero esa conclusión puede ser equivocada.
Los Reglamentos europeos no se aplican únicamente cuando todos los países implicados son Estados miembros. En muchos casos, actúan como normas de competencia internacional de los tribunales españoles, aunque el conflicto tenga conexión con un tercer Estado.
Dicho de forma sencilla: la pregunta no es solo si el otro país pertenece o no a la Unión Europea. La pregunta correcta es si el tribunal español, como tribunal de un Estado miembro, debe aplicar una norma europea para determinar su propia competencia.
Y muchas veces la respuesta será sí.
Divorcio, responsabilidad parental y alimentos: no siempre siguen la misma regla
Otro error frecuente es tratar el procedimiento de familia internacional como si todo pudiera resolverse con una única norma.
Pero un mismo caso puede contener varias materias jurídicas distintas:
- la disolución del matrimonio;
- la responsabilidad parental;
- las medidas relativas a los hijos;
- la pensión de alimentos;
- la vivienda familiar;
- la litispendencia internacional;
- el reconocimiento y ejecución de resoluciones.
Cada una de estas cuestiones puede estar sujeta a reglas diferentes.
En el caso comentado, el análisis diferenciaba entre la competencia para el divorcio, la competencia para la responsabilidad parental y la competencia para los alimentos. Y esa distinción es fundamental.
La competencia para el divorcio podía venir determinada por el Reglamento UE/2019/1111. La responsabilidad parental podía exigir otro análisis, especialmente si ningún Estado miembro tenía competencia y había que acudir a la norma interna por remisión del propio Reglamento. Y los alimentos debían examinarse a la luz del Reglamento CE/4/2009, no como una simple consecuencia automática de la LOPJ.
Este tipo de análisis técnico es precisamente lo que exige el Derecho de Familia internacional.
La LOPJ no desaparece, pero no siempre es el punto de partida
La Ley Orgánica del Poder Judicial sigue siendo una norma importante. Pero en materia internacional no siempre es la primera norma que debe aplicarse.
En algunos casos opera de forma residual. En otros, se aplica porque una norma europea remite a la legislación nacional. Y en otros, directamente queda desplazada por un Reglamento europeo o por un convenio internacional aplicable.
Por eso no basta con decir: “aplicamos la LOPJ”.
Antes hay que preguntarse:
¿Existe un Reglamento europeo aplicable?
¿Existe un convenio internacional?
¿La norma europea desplaza la norma interna?
¿La norma europea permite acudir a la ley nacional?
¿Estamos ante divorcio, responsabilidad parental o alimentos?
¿Hay un procedimiento abierto en otro país?
¿La resolución española podrá ser reconocida o ejecutada fuera?
Estas preguntas no son teóricas. Son estrategia procesal.
La especialización evita errores que pueden costar muy caro
En Derecho de Familia internacional, un error en la norma aplicable puede tener consecuencias importantes.
Puede generar una declinatoria internacional.
Puede retrasar el procedimiento.
Puede obligar a recurrir.
Puede provocar inseguridad jurídica.
Puede dificultar la ejecución de una resolución en otro país.
E incluso puede llevar al archivo del procedimiento si se declara la falta de competencia de los tribunales españoles.
Y cuando hablamos de familia, estos problemas no son meramente procesales.
Afectan a menores, alimentos, tiempos de convivencia, estabilidad económica, decisiones parentales y relaciones personales profundamente sensibles.
Por eso, el abogado de familia internacional debe hacer un trabajo previo muy riguroso. Antes de presentar una demanda, debe estudiar no solo los hechos, sino también la arquitectura jurídica internacional del caso.
Una cuestión de técnica, pero también de responsabilidad
El Derecho Internacional Privado es una materia compleja. Sus reglas no siempre son intuitivas. Y precisamente por eso, quienes trabajamos en Derecho de Familia tenemos la responsabilidad de plantear bien los asuntos desde el principio.
El abogado especialista debe ayudar al tribunal a identificar correctamente las normas aplicables, distinguir entre materias, ordenar las fuentes y explicar por qué una norma europea, un convenio internacional o una norma interna debe prevalecer en cada caso.
Una buena demanda no solo cuenta una historia familiar. También construye correctamente el fundamento jurídico que permite al tribunal resolver.
Conclusión
El Derecho de Familia internacional exige sensibilidad, pero también precisión técnica.
No basta con saber que una persona vive en España o que otra reside en el extranjero. Hay que analizar qué Reglamento europeo se aplica, si existe un convenio internacional, cuándo entra en juego la LOPJ y qué consecuencias procesales tiene cada decisión.
La diferencia entre aplicar una norma u otra puede cambiar el curso completo del procedimiento.
En Bennet & Rey Abogados asesoramos a clientes nacionales e internacionales en asuntos de Derecho de Familia con elementos transfronterizos: divorcios internacionales, responsabilidad parental, alimentos, procedimientos con Reino Unido, Estados Unidos, países de la Unión Europea y terceros Estados.
Porque en los asuntos de familia internacional, elegir bien la estrategia jurídica desde el principio puede marcar una diferencia decisiva.
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